Mauricio A Montoya

La pregunta que da título al presente ensayo fue extraída de un texto titulado 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto Colombiano. Una idea que fue moldeándose paso a paso y gracias a las diferentes inquietudes que surgían en relación con el tema, pero especialmente, debido a una preocupación pedagógica de cómo acercar a muchas personas al conocimiento de una temática tan compleja y coyuntural como la del conflicto nacional.
Este libro, cuya primera edición vio la luz en el año 2017, tuvo una estrategia de reinvención; en conjunto con la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, al promover un programa radial que llevó el mismo nombre y en el que no solamente se desarrollaron las temáticas planteadas en el texto, sino que también se ampliaron los horizontes de compresión, al poder escuchar la voz de personas expertas y de testigos directos de acontecimientos que han marcado nuestra historia nacional.
Finalmente, es claro que el conflicto colombiano posee múltiples lecturas y arrastra pasiones enfrentadas. Por esta razón, una de las reglas principales de este trabajo ha sido sustentar muy bien todas las afirmaciones, deducciones e interpretaciones que se hacen a lo largo del texto. Asimismo, tampoco se busca responder a la pregunta de qué está bien o qué está mal, quién tiene razón o quién no la tiene, pues aspiramos a que todos nuestros lectores encuentren un texto imparcial, del que puedan sacar sus propias conclusiones.
¿Qué son los llamados “falsos positivos�?
Conocidos en el Derecho Internacional Humanitario como “ejecuciones extrajudiciales�, los “falsos positivos� fueron el nombre con el que se dieron a conocer en el país los asesinatos de civiles a manos de la Fuerza Pública, con el fin de hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate en el marco del conflicto.
Sin embargo, un informe del “Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz� (CINEP PPP), escrito por Alejandro Angulo Novoa en el año 2011, identifica 941 casos de falsos positivos entre 1988 y 2011 en Colombia. Una clara prueba que demuestra que los denominados falsos positivos no eran una estrategia nueva, sino una táctica recurrente desde tiempo atrás, utilizada por las Fuerzas del Estado. Además, el mismo Angulo Novoa, refiere una tabla estadística tomada del informe Noche y Niebla, en el que las referencias a “falsos positivos� datan, incluso, desde el año 1984:

Pero fue durante el periodo 2004 – 2010, que dicha práctica en el país se hizo, cada vez más recurrente, con la desaparición y posterior muerte de jóvenes en distintas partes del territorio nacional. Uno de los casos más impactantes sería el de la desaparición de 19 jóvenes de Soacha (Cundinamarca), quienes habían sido contactados a comienzos del 2008 bajo la promesa de recibir ofertas laborales. Días después, aparecerían muertos y presentados como bajas guerrilleras en supuestos combates en distintos lugares del nororiente colombiano.
De igual manera, informes como los presentados por María José Medellín y Juan David Laverde, demuestran lo aberrante de estas prácticas, las cuales fueron, incluso, llevadas a cabo contra personas que sufrían algún tipo de discapacidad y que, tras ser asesinados, fueron presentados como miembros de algún grupo guerrillero:
Ocurrió el 18 de marzo de 2005. Fabio Nelson Rodríguez salió de su casa para buscar un caballo e ir a jugar un partido de fútbol. Vivía entonces en la vereda Llanos de Urarco, en Buriticá (Antioquia). A las 10 de la mañana de ese día lo interceptaron miembros del Ejército que al llenar los papeleos de su muerte dejaron escrito que en la llamada Operación Medusa había caído un ayudante de la guerrilla. Desesperados por su ausencia, la familia de Fabio empezó a buscarlo por cielo y tierra. Su hermana María Ernestina logró hablar con el comandante del Ejército en esa región del país. Le dijeron que todo estaba bien, que Fabio, quien no podía ni hablar ni oír, estaría de regreso pronto. Su familia lo esperó en vano por quince días. Hasta que al fin apareció en un anfiteatro de Medellín. A él lo reportaron como un integrante de las Farc al que se le incautó un revólver calibre 38 con cinco balas por disparar. La justicia documentó que Fabio Nelson era incapaz de atentar contra nadie y condenó el 17 de abril de 2012 a los uniformados Iván González, Luis Solarte, Jeimin Valoyes, Santiago Guerra, Carlos Agudelo y Óscar García. Un crimen que todavía resuena en Buriticá.

Para muchos, entre los que se encontraban políticos de oposición y organismos de defensa de derechos humanos, la responsabilidad de tales crímenes recaía directamente sobre el Estado, pues había sido el mismo Ministerio de Defensa, en cabeza de Camilo Ospina, y bajo la Directiva 29 de 2005, quien había promovido la idea de ofrecer incentivos, especialmente económicos, para aquellos agentes de la Fuerza Pública que presentaran resultados en “bajas� de guerrilleros y paramilitares.
En uno de los apartados de la directiva se recalcaban los criterios de valoración sobre los integrantes de los grupos al margen de la ley y se cuantificaba económicamente el hecho de capturarles o darles de baja. Tales incentivos, fueron criticados por muchos y considerados como una motivación para las Fuerzas Armadas que, lastimosamente, terminó en decenas de denuncias relacionadas con “Falsos Positivos�.

Es de anotar que, para el año 2012, la Comisión Colombiana de Juristas radicó un derecho de petición al Ministerio de Defensa en el que solicitaba claridad sobre la supuesta derogación de la Directiva 29 de 2005, ante lo que el Ministerio se limitó a responder:
Actualmente la Directiva Ministerial Permanente 021 de 09 de julio de 2011 es aquella que reglamenta los criterios para el pago de recompensas… Las Directivas en mención son documentos clasificados que tienen reserva legal, su circulación es restringida y su contenido consagra temas estrechamente ligados con la seguridad y defensa nacional. En consecuencia, la no expedición de copias de dichos documentos tiene soporte legal en criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Bajo este escenario, organismos como “Human Rights Watch� (HRW) han ido más allá, al investigar y presentar un informe pormenorizado en el que amplían el modelo de análisis y comprensión del fenómeno de los llamados “falsos positivos�, vinculando la responsabilidad que en estos pudieron llegar a tener los altos mandos de la Fuerza Pública, de los cuales algunos de ellos han venido siendo investigados y otros citados a declarar por parte de la Fiscalía. En su balance para 2015, “Human Rights Watch� (HRW) analizó once brigadas militares del país, arrojando como saldo 1.287 presuntos “falsos positivos� cometidos por militares colombianos.
De igual manera, pero en relación con investigaciones nacionales, al mes de junio de 2015, la Fiscalía reportó 5.137 investigaciones contra agentes del Estado, de las cuales 2.308 están activas en la fiscalía especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH). En cuanto a condenas, la Fiscalía ha proferido 923 en contra de miembros de la Fuerza Pública. Además, es importante anotar que 1.387 procesos se encuentran siendo estudiados en la justicia penal militar.
Del mismo modo, instancias como el Consejo de Estado de Colombia resolvió, en relación con tres casos emblemáticos perpetrados en el año 2007, exigir una reparación integral que fuera mucho más allá de la simple reparación económica.
En consecuencia, para que obre una reparación integral, las sentencias deben ser remitidas al Centro de Memoria Histórica, a fin de que se constituyan en evidencias del conflicto armado que azota a Colombia. Además, tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército, por un período ininterrumpido de un año, tendrán que difundirlas por todos sus medios de comunicación […] De igual manera, la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado dispone que el ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares y los jefes de las unidades comprometidas en los hechos tendrán que hacer actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y homenaje a la memoria de las víctimas.
Sin embargo, familiares y apoderados de las víctimas han denunciado desde amenazas hasta mecanismos de impunidad entre los que se encuentran la desaparición de documentos y la libertad de militares involucrados, bajo el argumento del vencimiento de términos.
Finalmente, en el marco de los acuerdos de justicia firmados en los Diálogos de Paz de La Habana en el año 2015 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en los que se planteaba la constitución de un tribunal especial para juzgar las acciones cometidas en el conflicto y también los delitos considerados de lesa humanidad, algunos militares acusados de “falsos positivos�, entre ellos el coronel Robinson González del Río, manifestaron su deseo de acogerse a este modelo de Justicia Transicional. En el año 2021, la Justicia Especial de Paz (JEP) comunicó a la opinión pública, luego de distintas investigaciones y peritajes especializados, que los denominados “falsos positivos� superaban los 6.000 casos en el periodo 2002 – 2008.
Sin embargo, existen otras versiones acerca del tema de los falsos positivos, como las del abogado Fernando Antonio Vargas del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla ―víctima de un atentado por parte de las FARC y, hoy, exiliado en España―, autor de los libros Un país sin derechos (Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, 2001) y Memoria histórica de las FARC. Su verdadero origen (2015) ―escrito en coautoría con Elkin Gallego― quien se ha pronunciado, reiteradamente, en la última década en el siguiente tenor:
La verdad es que los falsos positivos son una gran campaña propagandística que la izquierda logró montarle al Ejército en los últimos años. Los llamados falsos positivos son, simplemente, resultados operacionales que el Ejército de Colombia ha logrado obtener en la lucha contra las estructuras milicianas a lo largo y ancho de Colombia. Si a esto le sumamos la guerra jurídica, unos ficales sesgados pro-subversivos ―o, como dirían ellos pro-insurgentes― y les sumamos unos procuradores judiciales incapaces de cumplir con su función, unos abogados defensores no muy bien seleccionados que, les da temor exigir las garantías judiciales en los procesos en defensa de los soldados colombianos y se corona esta gestión con unos abogados de parte civil y unas familias interesadas en ganarse 400.000 dólares por cada muerte que produce en combate el ejército colombiano y a esto le sumamos unas ONG internacionales y una gran campaña internacional, pues nos da el resultado que tenemos hoy, conocido como falsos positivos que están acabando con la capacidad operativa y moral del ejército. Esto, en el fondo, no es más que pura propaganda. Me consta, textualmente, que lo que ocurre es que hay unos fiscales totalmente soberbios en el ejercicio de su cargo, sesgados, prosubversivos, con una ideología totalmente comunista que gozan condenando a inocentes soldados en Colombia. Llamar a juicio a un soldado es sumamente fácil (…) es que un soldado no tiene dolientes, entre otras cosas, yo creo que estos llamados falsos positivos, en el fondo, son falsos positivos judiciales, lo que sirve para que mucho operario de justicia, mucho empleado judicial mejore el resultado estadístico de su labor porque condenar a un puñado de soldados es más fácil que condenar un narcotraficante o un guerrillero en Colombia porque, seguramente, el temor a la retaliación paraliza al operador de justicia en esos eventos. Retaliación que no existe en el caso de los soldados. Los soldados desafortunadamente son, también, increíblemente abandonados por el mando militar y es sumamente triste ver a los soldados en una audiencia pública solos frente a una completa jauría de operarios judiciales, de abogados de parte civil interesados en ganarse unos dividendos muy grandes y de unas familias que, hipócritamente, lloran a sus muertos a sabiendas de que eran o participaban en actividades delincuenciales. Lo que a mí nadie me ha podido explicar de acuerdo a mi propia experiencia como abogado defensor a lo largo y ancho de Colombia es por qué el 95% de los dados de baja en las operaciones militares, ahora llamados falsos positivos, tienen antecedentes judiciales por secuestro, por porte ilegal de armas, por tráfico de drogas, por cantidad de delitos.
Por otro lado, se encuentra, también, la posición del Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, quien lograra demostrar que, en su edición 1291 del 29 de enero de 2007, la Revista Semana mintió, al afirmar que él había recibido una condecoración del Ejército Nacional de Colombia por su alianza con el paramilitar “Jorge 40�. En su libro Me niego a arrodillarme, donde acusa al gobierno de Juan Manuel Santos y a presuntos colaboradores de las FARC en todas las ramas del poder público y, hasta en la estructura eclesiástica, de comenzar y desarrollar un proceso de criminalización del Ejército Nacional de Colombia frente a la opinión pública colombiana y la comunidad internacional, en vistas a igualarlo con sus grupos insurgentes y sustentar la justicia transicional, comprando con prebendas el apoyo de la cúpula militar en esta campaña de desprestigio en la que los falsos positivos fue la joya de la corona. Según el Coronel Hernán Mejía:
Criminalizar al Ejército Victorioso era la única forma de debilitarlo ante la sociedad y llenar las cárceles con los mejores soldados es la mejor arma para quebrantar su voluntad de lucha. Nadie los defendió cuando ellos le dieron la vida por tantos. Vendieron la horrorosa idea que defenderlos sería una vergüenza para la Institución, pero justificar los crímenes y proponer el perdón a los terroristas son actos de paz.
Los soldados distinguidos en combate han sido las víctimas predilectas del gobierno negociador. El proceso de paz es una descomunal hipocresía que esconde los verdaderos intereses geoestratégicos y políticos de varias potencias con fines de control desde oriente hacia occidente.
Quizá el mayor cinismo del gobierno Santos está en la escondida guerra contra las fuerzas militares. Con el pretexto de las negociaciones no solo frenó las operaciones ofensivas, sino que se deshizo de los líderes en combate y se inventó el posconflicto para entregar de nuevo amplios territorios de la población a los subversivos armados (…)
Presentarles tres mil militares prisioneros era una condición que Santos se comprometió a cumplir desde años antes y la cumplió milimétricamente con el diabólico plan ejecutado por su Viceministro de la defensa y hoy Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo Caro.
Los militares están siendo tratados como delincuentes de la peor calaña solamente con las versiones improbables de la prensa y años antes de la decisión del juez. La institución les quita sus sueldos, sus derechos, denegando la presunción de inocencia. La sociedad los repudia ignorando que no se debe atormentar a un inocente, porque tal vez es un hombre cuyos delitos jamás existieron.

Así pues, como puede verse, hay posturas encontradas en torno al tema de los falsos positivos, su veracidad y la magnitud de los casos. Todavía, después de los Acuerdos de La Habana, siguen siendo asunto de debate y manteniendo la polarización al nivel de la academia, la política, los foros de opinión y la prensa nacional e internacional, convirtiéndose en uno de los puntos más álgidos de discusión en las ramas del poder público, sobre todo, en lo referente al aumento y financiación del pie de fuerza por parte del ejecutivo y el respaldo a las Fuerzas Militares, que algunos partidos políticos apoyan y recomiendan, mientras que otros condenan con fuerza y vehemencia.